VOX Alcantarilla ha solicitado en el pleno ordinario la dimisión inmediata de Raquel de la Paz, concejal de Hacienda y Recursos Humanos del Ayuntamiento tras hacerse público que estaba siendo procesada por el Juez de Instrucción número 1 de Murcia por un presunto delito de revelación de secretos.

En sus conclusiones provisionales, el Ministerio Público señaló que la acusada, "por sí misma o por un tercero a su ruego", hizo llegar a dos periodistas en mayo de 2019 una documentación según la cual una constructora había pagado los recibos del IBI del cabeza de lista de Ciudadanos mientras era concejal de Obras por el PP. Solicitando 2 años de prisión y 3 de inhabilitación.

En cuanto a la forma en que aquella documentación llegó a manos de la edil, señala la Fiscalía que presuntamente la solicitó a una funcionaria que en el momento de los hechos ejercía como interventora municipal en funciones.

Posteriormente, la Audiencia Provincial de Murcia exculpa a la concejal del PP, Raquel de la Paz, del delito de revelación de secretos, concluyendo que pese a la evidencia de que se ha cometido el delito no se puede atribuir su autoría a esta concejal pues no está acreditado que fuera ella la que hiciera llegar a los periodistas una documentación referida al pago de impuestos locales que afectaba a la cabeza de lista de Ciudadanos a las elecciones municipales.

El tribunal aplica por tanto el art. 641.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dispone que cuando resulte de la instrucción del procedimiento que se ha cometido un delito y no haya motivos suficientes para acusar a una o varias personas como autores, cómplices o encubridores, procede el sobreseimiento provisional de la causa.

Lo que determina la Audiencia es la imposibilidad de determinar quién fue el autor del delito, no que éste no haya existido y, según puntualiza la portavoz de VOX Alcantarilla, Aurora Ortega, "puesto que el delito se ha cometido, exigimos responsabilidades políticas: en primer lugar, la responsable de la custodia de la documentación sensible o reservada es el concejal del negociado de que se trate y, en última instancia, el del alcalde que es el que delega las competencias, por ello debería decretar de forma inmediata la apertura de una investigación interna para averiguar cómo se ha podido cometer un delito en el negociado de Hacienda del Ayuntamiento".