Hoy hace un año que se aprobó La Ley de Atención Temprana de la Región de Murcia en contra de la opinión de técnicos y familias de entidades públicas, así como expertos de diferentes ámbitos.

En este primer año hemos podido comprobar algunas de las consecuencias de dicha Ley para los Centros públicos y para nuestras familias.

Lo primero y principal es que los niños y familias de Águilas ya no tienen acceso directo a nuestro Centro y casi todos aquellos padres y madres que iniciaron el nuevo procedimiento burocrático, largo y complicado de solicitud de Atención Temprana, por el mes de agosto están en la actualidad sin atender, en una lista de espera que alcanza ya casi la treintena de familias aguileñas y de la que se desconocen los plazos para poder ser atendidos.

Por otro lado, la forma de financiación está dejando en desventaja a las entidades públicas en favor de las privadas, produciéndose, de hecho, un proceso de privatización del servicio con recursos económicos de todos los murcianos. Debido a la financiación actual los centros privados están teniendo un gran crecimiento a costa del estancamiento de los públicos.

A pesar de todos los años en que se ha luchado por una Atención Temprana universal, pública, gratuita y de calidad comprobamos, tal y como denunciábamos, que esta Ley perjudica a las familias y a la Atención Temprana Pública.