En un reciente comunicado de prensa, los socialistas aguileños han hecho entrever que, aunque dentro de la legalidad, no resulta ético que el concejal popular, Carlos Bartolomé Buitrago, ocupe un puesto de trabajo en la delegación local de la Cámara de Comercio, fruto de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Águilas y el citado organismo.
Ante este lamentable intento de confundir a los ciudadanos y difamar al citado edil, el Equipo de Gobierno ha querido despejar cualquier duda y ha sido tajante a la hora de aclarar que Carlos Bartolomé ha ocupado ese mismo puesto de trabajo durante doce años, tanto siendo concejal no liberado de la corporación municipal, como mucho antes de ostentar su cargo.
Asimismo, el acuerdo de colaboración entre el Consistorio aguileño y la Cámara de Comercio se remonta a la etapa socialista, mediante el cual, el Ayuntamiento se encargaba de pagar el importe mensual del arrendamiento del local donde estaba situado, así como otras prestaciones para que pudiera estar en funcionamiento. Actualmente, con el nuevo convenio, estas cuantías económicas deja de asumirlas la administración local, puesto que las dependencias se ubican en el edificio municipal "El Placetón". A cambio, el Ayuntamiento de Águilas aporta una subvención a esta entidad, para sufragar el gasto de personal, logrando, de esta manera, que vuelva a dar servicio a los aguileños.
También cabe destacar que, cuando la Cámara de Comercio decidió dejar de prestar asistencia en la localidad y tras recibir peticiones de colectivos, como la Asociación de Comerciantes e Industriales de Águilas, solicitando su reanudación, el Gobierno municipal resolvió seguir los pasos de otro Ayuntamiento en las mismas circunstancias, instaurando nuevamente el servicio en la ciudad y evitando así que los empresarios o emprendedores se tuvieran que desplazar hasta Murcia para realizar diferentes gestiones.
Por si todo esto no fuera suficiente, el acuerdo marco del expediente de regulación de empleo, que afectó a numerosos empleados de la Cámara de Comercio, establecía que, si se volvían a implantar las delegaciones en los años inmediatos a su cierre, obligatoriamente, la persona a contratar debía ser la misma que estaba al frente de ellas, por lo que este organismo ha actuado de la única forma posible que marca la legalidad vigente.
Lo que vienen a demostrar estos hechos es que, por encima de los intereses de Águilas y a falta de ideas y proyectos reales, una vez más, la señora Mari Carmen Moreno y sus compañeros del PSOE anteponen sus doctrinas partidistas del "difama que algo queda", con la triste intención de sembrar dudas entre los ciudadanos, siendo este su único argumento político.