Miguel Antonio Carrasco Cayuela, Concejal de Izquierda Unida-Verdes adscrito al Grupo Mixto, eleva al Pleno Ordinario del mes de septiembre la siguiente MOCIÓN sobre RECONSIDERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ACORDADO PARA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.
El pasado martes 22 de agosto, el Presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, anunció inesperadamente en el transcurso de un Pleno Extraordinario en el Congreso de los Diputados, la reforma de la constitución para que en ella se establezca una limitación al déficit público de las cuentas del estado.
Aunque finalmente, no se ha trasladado a la propuesta de reforma una cantidad determinada como límite para el déficit público del estado, dejando esta cuestión para la futura ley orgánica, este se pretende más restrictivo que los propios límites establecidos por las respectivas normativas europeas, que lo sitúan en el 3% del PIB y un endeudamiento no superior al 60% del PIB.
Este planteamiento, aún cuando su entrada en vigor se pretende para 2020 (quizás antes como ya se ha manifestado el PP si ganara las elecciones del 20-N), tendrá el efecto de la reducción del gasto corriente del estado, con el que además habrá que financiar buena parte de las inversiones, al no poder recurrir al endeudamiento para tal finalidad. Esta situación, en un país como España que ocupa el último lugar en gasto social por habitante con el 74% del promedio de la UE-15 siendo el PIB per capita de España ya el 94% del promedio de la UE-15, imposibilitará avanzar en la reducción de este déficit social de nuestro país e impedirá un impulso económico en este sector que posibilita una fuente importante de empleo.
En este orden de cosas y dado que los ayuntamientos son los órganos a través de los cuales se desarrollan y ponen en práctica numerosas políticas sociales, aún no siendo competencia directa de los mismos, la reforma constitucional que se ha llevado a cabo representa una vuelta de tuerca insoportable sobre la financiación local, tema que ninguno de los dos partidos que han apoyado esta reforma se atreven a tomar en consideración y posponen una y otra vez, proponiendo una serie de medidas inconexas e ineficaces que no hacen sino empeorar la situación paulatinamente.
Por otra parte, ha de considerarse que, ante la más mínima posibilidad de que los cambios constitucionales afecten tanto al Título Preliminar como a derechos y libertades fundamentales, tendría que haberse optado por la vía que más garantías ofreciera en su tramitación y que garantizara que el pueblo tuviera la posibilidad de decidir en última instancia mediante el oportuno referéndum. Lo contrario ha sido rebajar todavía más la calidad y profundidad democrática de nuestro país y dejar en papel mojado las múltiples declaraciones mediante las que se resalta la importancia de respetar la voluntad popular, como la contenida en el propio Preámbulo de la Constitución según el cual se proclama la voluntad de la nación española de "consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular" y de "establecer una sociedad democrática avanzada".
Cabe resaltar el carácter fraudulento de todo el procedimiento propuesto por los partidos mayoritarios y aceptado por la Mesa del Congreso de los Diputados, puesto que los partidos mayoritarios:
• Han eludido la negociación previa de las reformas constitucionales en la búsqueda del máximo consenso posible.
• Han eludido la transparencia en la explicación y contraste público de las consecuencias de la reforma propuesta.
• Han evitado un debate transparente, sereno y en profundidad a través de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.
• Han dificultado al máximo el trabajo y la participación de los grupos parlamentarios que no han aceptado el acuerdo PP-PSOE.
• Han evitado la participación y la aportación de opinión de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos, claramente afectados por la reforma.
• Han evitado la celebración de un referéndum que permita conocer la opinión del pueblo español sobre la reforma propuesta, por lo que esta reforma aparecerá como "impuesta".
Por todo ello, el concejal de Izquierda Unida-Verdes adscrito al Grupo Mixto eleva al Pleno Ordinario del mes de septiembre la adopción del siguiente acuerdo:
Comunicar al Congreso de los Diputados el rechazo del Ayuntamiento de Águilas a la reforma de la Constitución Española llevada a cabo por no seguir los trámites ordinarios para los procesos legislativos, habiéndolo hecho con lectura única, con declaración de urgencia y con reducción excepcional de los plazos, y por no haber aceptado, con un referéndum, consultar al pueblo español en esta importante modificación de la Constitución, modificación que implicará la reducción de los gastos sociales en pensiones, empleo, educación, bono-libro, sanidad, servicios sociales, servicios domiciliarios, vivienda social , así como otros componentes del estado del bienestar.