La crisis económica y financiera está teniendo también un efecto directo en los productos agroalimentarios, provocando desequilibrios entre la oferta y la demanda, generando excedentes y precios a la baja.

Muchos de los problemas de saturación de los mercados, caso del tomate o los cítricos, son denunciados por los productores como una consecuencia inmediata de los procesos de liberalización comercial, como el acuerdo comercial con Marruecos. Además de lo anterior deberíamos añadir la propia estrechez de las campañas de comercialización y la falta de adaptación del sector a las nuevas tendencias del consumo y la distribución.

En Murcia, pese a las potencialidades innegables del sector hortofrutícola hay que indicar que hay deficiencias que dificultan el que se consiga un precio justo para los productores agrarios.

Hay problemas tales como el déficit estructural de las explotaciones; el elevado numero de pequeños productores no incorporados a entidades asociativas; la escasa concentración de la oferta de las organizaciones de productores, lo que limita el poder de negociación de éstos frente a las cadenas de distribución; la escasa información sobre tendencias de la demanda; el déficit de estrategias de diferenciación para innovar en nuevas presentaciones, nuevos productos y marcas y la dificultad de crecer vía fusiones, etc.

La pregunta que nos hacemos es si el gobierno regional del PP está haciendo algo para resolver estos problemas, cuando gobierna en la Región desde hace catorce años y tiene plenas competencias en materia agroalimentaria.

Parece que no ya que los resultados para nuestros agricultores no están siendo satisfactorios, la última campaña agrícola ha sido de las peores que se recuerdan con una caída considerable de los precios en hortalizas (melones y sandías) y producciones frutícolas, y los problemas estructurales del sector son conocidos por el Gobierno del PP ya que están recogidos de forma detallada en el Plan Estratégico para el sector agroalimentario de la Región de Murcia (PESAM), pagado con dinero público y firmado por el Gobierno Regional y todas las Organizaciones regionales (OPAS, cooperativas, asociaciones de productores y exportadores, etc.), en 2007, casi en plena campaña de las elecciones regionales, y, sin embargo los responsables del PP en materia agraria ni siguen las recomendaciones que allí se recogen para corregir los puntos débiles y amenazas del sector, ni evalúan el programa, y es más, en los presupuestos regionales para 2010 reducen la dotación en cincuenta y cuatro millones de euros respecto del año 2009, con recortes del 50 y 70% en los programas de inversión y apoyo a los agricultores, como siempre el PP firma planes para hacerse la foto pero cuando hay problemas, lanza la pelota contra el gobierno de España, como sino fuera competente en la materias que recoge el Estatuto de Autonomía.

Por tanto, consideramos que las frutas y hortalizas murcianas deben ser defendidas como un sector estratégico de la economía regional, por las potencialidades de sector y porque la renta de nuestros productores depende básicamente de lo que puedan ingresar a través de la venta de sus productos, en la que jugará un importante papel la concentración de las cooperativas agrarias para lograr un mayor valor añadido ya que la contribución de las subvenciones públicas a la producción final, en este sector en nuestra Región, es más baja que en el resto de España, por ser de los menos protegidos por la Política Agraria Común.

Para ello, desde el , tras recoger las demandas del sector, proponemos al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

a) Instar al Gobierno Regional:

* A que se reúna con las Organizaciones firmantes del PESAM y priorice las medidas a ejecutar, tras los fuertes recortes presupuestarios y no atender las enmiendas al presupuesto realizadas por el PSRM.

* Elaborar un plan estratégico para el sector cooperativo que incremente la dimensión de las cooperativas actuales para lograr una mayor concentración de la oferta, mediante fusiones, acuerdos de trabajo, e incorporación de nuevos socios.

* Apoyo a la federación de cooperativas para que anime a los procesos anteriores.

* Reformar los sistemas, de la Administración Regional, de asesoramiento, formación y transferencia tecnológica a las explotaciones y empresas de comercialización, creando centros tecnológicos.

* Apoyar la figura de tipo interprofesional como base de ordenación y transparencia en los mercados agrarios.

* Establecer medidas que favorezcan la reconversión y fomentar las figuras de calidad y el comercio electrónico de las pequeñas y medianas empresas y cooperativas.

* Estudiar la cadena de valor de las hortalizas en el Observatorio de precios, e incluir a las Organizaciones agrarias en dicho órgano.

* Vigilar y sancionar, en su caso, las conductas distorsionadoras de la competencia que alteren o puedan alterar la libre competencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

b) Instar al Gobierno de España a:

* En referencia a los intercambios comerciales con terceros países, avanzar en el concepto de "reciprocidad" garantizando que en el mercado comunitario los productores europeos estén en igualdad de condiciones con los productores de terceros países a la hora de cumplir con el creciente número de exigencias y requisitos medioambientales, sanitarios y de bienestar y salud pública.

* Vigilar el cumplimiento de los contingentes de importación (tomate) procedentes de Marruecos, ya que no se está cumpliendo los controles aduaneros en la Unión Europea y para ello unificar criterios aduaneros con Francia, de forma que se impida la caída de precios del sector.

* Poner en marcha la Ley de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias y la de Contratos Homologados.

* Poner en funcionamiento el Consejo Agroalimentario y el Comité Asesor previstos en la Ley sobre Interlocución y Representatividad.

* En las mesas de trabajo creadas en el Ministerio, tras la manifestación de las OPAS en noviembre de 2009, agilizar las relativas a la financiación, la fiscalidad, la política agroalimentaria y de la competencia, y la concentración cooperativa.

* Estudiar la cadena de valor de las hortalizas en el Observatorio de precios, del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, del que forman parte las Comunidades Autónomas y las Organizaciones agrarias.

* Que se desarrolle de manera inmediata el compromiso contraído con los agricultores de implantar el doble etiquetado de todos los productos agrícolas y ganaderos no transformados para que los consumidores conozcan los precios en origen y los de venta y así constaten las prácticas abusivas de las cadenas de alimentación.