Durante la Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento de Abarán en Pleno celebrada el pasado lunes 24 de noviembre tuvo lugar el aplazamiento de la votación de dos de los puntos incluidos en el orden del día, que se debatieron ayer en una segunda sesión extraordinaria correspondiente al mes de noviembre.
La resolución del contrato del Servicio de Recaudación Municipal con arrendamiento actual se aprobó con votos en contra del Grupo Municipal Socialista y de la coalición Izquierda Unida y Los Verdes, y voto a favor del Equipo de Gobierno Municipal del Grupo Popular. La concejal de Hacienda, Mª Trinidad López, defendió una vez más esta propuesta argumentando que la inclusión del Ayuntamiento en la Agencia Regional de Recaudación aportará mayores beneficios al consistorio y mejorará la eficacia en cuanto a diversas actuaciones que hasta el momento no se están llevando a cabo por escasez de medios materiales y humanos: “Catastro no funciona en este Ayuntamiento; los desarrollos industriales y urbanos van muy lentos y necesitamos recursos técnicos y humanos que sean ágiles. La Agencia Regional de Recaudación aportará mayor rentabilidad”.
Así mismo, los grupos municipales en la oposición se opusieron a la aprobación del inicio de expediente de subrogación del personal afecto al servicio de recaudación municipal en una votación nominal en la que no pudieron pronunciarse los dos concejales populares Isabel Carrasco y José Gómez por la relación de consanguineidad que mantienen con uno de los funcionarios. La concejal de Hacienda defendió este punto explicando que la aprobación del inicio de expediente supone el estudio de la situación del personal adscrito al servicio municipal: “Es voluntad de este equipo de Gobierno que estos trabajadores se queden aquí”. Los concejales emitieron su voto de forma personal: equipo de Gobierno del PP a favor y del PSOE e IU en contra.
Ante esta situación, el alcalde de Abarán, Antonio Eugenio Gómez, aclaró que la intención de la Alcaldía en este punto es, en primer lugar, cumplir la legalidad exigida y en segundo, evitar perjudicar a los trabajadores así como posibles actuaciones judiciales.